Nicollette es una joven que vive en Galápagos y fue víctima de violación por parte de su cuñado, Daniel S. en 2018 en la ciudad de Quito. Los hechos tuvieron lugar cuando al regresar de un viaje ella se reunió con su familia y fue agredida sexualmente por la pareja de su hermana, quien al verse confrontado por Nicollette primero la acusó de “provocarlo” y luego le pidió perdón diciendo que “pensó que era su hermana”.

 

Pensando en el riesgo que corría su sobrina, Nicollette decidió denunciar ese mismo día a su agresor por violación, sin embargo, la respuesta de la Fiscalía fue que no podía ingresar la denuncia porque no contaban con fiscal de turno ni contaban con patrullas y le indicó que debía llamar al 911. 

 

Esta constituye una de las primeras omisiones del Estado, pues la Fiscalía tiene la obligación de receptar todas las denuncias de manera inmediata, ordenar la práctica del peritaje médico legal y emitir medidas de protección.

 

También era importante que la pericia médico legal se practique antes de que la víctima pudiera bañarse pero dicho examen sólo fue realizado tras la insistencia de la víctima.

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“Me ha tocado a mí misma hacer algunas diligencias, 

Yo debería sentirme protegida por el Estado”

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Nicollette contaba con un defensor público que no le mantuvo al tanto de su caso ni respondió sus preguntas. Al revisar su propio expediente, meses después, se enteró que estaba vacío, que nunca se hicieron las pericias pertinentes, y que el agente asignado a su caso había renunciado un mes después de tomarlo, sin que se haya reasignado a un nuevo investigador.

 

Tampoco se le informó que podía pedir medidas de protección contra su agresor y sólo obtuvo esta información tiempo después cuando su agresor la amenazó. Pese a solicitar las medidas en Galápagos, estas le fueron negadas bajo el argumento de que la agresión había tenido lugar en Quito, al solicitarlas en esta ciudad tampoco le fueron emitidas porque para ese entonces ya tenía lugar la pandemia por Covid19. Es así que, sólo tras 2 años de espera en Junio del 2020, Nicollette logró obtener las medidas de protección contra su agresor que debieron emitirse de forma inmediata tras la denuncia.

 

Antes de solicitar el acompañamiento de Idea Dignidad, Nicollette logró por sus propios medios que su denuncia penal esté sustentada por un examen médico legal; un informe de valoración psicológica; un informe de trabajo social; y las versiones libres y voluntarias de personas que respaldan su testimonio.

 

Un mes después de que Idea Dignidad solicitara la audiencia de formulación de cargos por el delito de violación del que fue víctima. La Fiscalía notifica que solicita archivar la causa, por no encontrar suficientes elementos para formular cargos o llevarla a juicio.

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ACTUALIZACIÓN  (Abril 2023) 

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A pesar de los indicios contundentes como: informes médicos, testigos presenciales que corroboran su denuncia y la identificación por la víctima de su agresor, tras 3 años de investigación, la fiscal encargada decidió archivar el caso el 28 de octubre de 2021.

 

Ante la falta de respuesta judicial pronta y oportuna, Nicollette presentó varias solicitudes de seguimiento y observación del debido proceso a:

• La Defensoría Pública

• El Consejo de la Judicatura

• El Consejo Nacional para la Igualdad de Género,

• Entre otros.

 

Pese a que han transcurrido 5 años desde la denuncia hasta el momento del archivo, el Consejo de la Judicatura concluyó en su observación del proceso que no encuentra “ninguna mala tramitación”. 

 

Karen Matamoros Orellana, finalmente asumió el conocimiento de la causa el 15 de marzo de 2023 y ordenó su archivo sin permitir que la defensa de la víctima se opusiera a la decisión. Además, la notificación de la providencia fue únicamente al correo de la víctima, a pesar de que las direcciones de notificación de su defensa técnica estaban plenamente identificadas.

 

Ninguna de las instituciones del Estado señaladas puso al alcance de Nicollette todos los medios necesarios para proteger su derecho a una protección y justicia efectivas.

 

Nos encontramos a la espera de que, como un primer acto de reparación por la revictimización experimentada, la Jueza Karen Matamoros tome en cuenta la oposición a la solicitud ingresada dentro del tiempo determinado por la ley.

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  El texto que recopila la información hasta el 2022 está basado en información recopilada por Surkuna.

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